Una
de las pobrezas más hondas que el hombre puede experimentar es la soledad. Nacen del aislamiento, del no ser amados o de la dificultad de amar.
El
desarrollo requiere la inclusión de todas las personas y de todos los pueblos
en la única comunidad de la familia humana, que se
construye en la solidaridad sobre la base de los valores fundamentales de la
justicia y la paz.
La
religión cristiana y las otras religiones pueden contribuir al desarrollo
solamente si Dios tiene un lugar en la esfera pública, con específica
referencia a la dimensión cultural, social, económica y, en particular,
política.
El diálogo fecundo entre fe y razón hace más
eficaz el ejercicio de la caridad en el ámbito social y es el marco más
apropiado para promover la colaboración fraterna entre creyentes y no
creyentes, en la
perspectiva compartida de trabajar por la justicia y la paz de la humanidad.
Para los creyentes, el mundo no es fruto de la
casualidad ni de la necesidad, sino de un proyecto de Dios. El proyecto divino es vivir como
una familia, bajo la mirada del Creador.
La
globalización necesita una autoridad, en cuanto plantea el problema de la
consecución de un bien común global; sin embargo, dicha
autoridad deberá estar organizada de modo subsidiario y con división de
poderes, tanto para no herir la libertad como para resultar concretamente
eficaz.
La
cooperación para el desarrollo no debe contemplar solamente la dimensión
económica; ha de ser una gran ocasión para el encuentro cultural y humano.
Todas
las culturas deben trabajar en la búsqueda común de la verdad, del bien y de
Dios.
La «educación» no es sólo la instrucción, o a la formación para
el trabajo, sino la
formación completa de la persona.
Para educar es preciso saber quién es la persona humana, conocer su
naturaleza.
Las migraciones son un fenómeno social de esta
época, que requiere una
fuerte y clarividente política de cooperación internacional para afrontarlo
debidamente. Se debe partir de una estrecha colaboración entre los
países de procedencia y de destino de los emigrantes; acompañada de adecuadas normativas internacionales
capaces de armonizar los diversos ordenamientos legislativos, con vistas
a salvaguardar las exigencias y los derechos de las personas y de las familias
emigrantes, así como las de las sociedades de destino.
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