EL REGRESO DE LAS GUERRAS POR LAS VACUNAS

La polémica por las vacunas es tan vieja como la vacunación misma. Cuando Edward Jenner, un brillante médico rural inglés, descubrió la vacuna contra la viruela en 1796, recibió tantas críticas como elogios.

Los pastores vociferaron contra la manipulación del gran diseño del Señor. El economista Thomas Malthus temió que las vacunas llevaran a peligrosos aumentos de la población. La idea misma de inyectar sustancia animal al cuerpo humano les pareció peligrosa y repulsiva a muchos. Aparecieron historietas que mostraban cuernos de vacas que salían de las cabezas de niños recién vacunados.

El actual brote de sarampión en Estados Unidos, con más de 140 casos hasta ahora, ha generado una tormenta que podría no desaparecer cuando amaine esta crisis en particular. Hace unos días, Arthur Caplan, especialista en bioética de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, comparó a médicos que se oponían a las vacunas con “negadores del Holocausto” y exigió que les revocaran sus matrículas médicas. Algunos pediatras dijeron que ya no atenderían a los niños de quienes se resistían a las vacunas. En respuesta, Barbara Loe Fisher, fundadora del Centro Nacional de Información, un grupo que se opone a ellas, acusó a los medios de crear una crisis falsa al servicio de los intereses de un Estado grande y el “enorme lobby encabezado por las farmacéuticas”.

Las guerras por las vacunas en EE.UU. han sido especialmente conflictivas porque involucran nuestros derechos más básicos (libertad personal, libertad religiosa) y sospechas más profundas (intromisión del gobierno, dominio de las élites). Los historiadores en general remontan el origen del movimiento antivacunas a varios grupos del siglo XIX, incluidos activistas religiosos, libertarios radicales y aquellos que siguen modas pasajeras acerca de la salud, que insistían en que la vacuna de Jenner de hecho causaba la viruela. Como algunos activistas actuales, estos primeros líderes tenían una historia personal para contar, al asegurar que una vacuna había dañado o matado a alguien cercano a ellos, a menudo un niño.

El tema llegó a un punto crucial en 1905 en el sumamente importante caso de la Corte Suprema Jacobson vs. Massachusetts. A medida que EE.UU. se industrializaba, legislaturas estatales aprobaron numerosas medidas para proteger el “bien público”. Hubo leyes que abolían el trabajo infantil, exigían inspecciones de seguridad en fábricas y restringían las horas que podía trabajar una mujer fuera de su hogar. En Massachusetts, la legislatura les dio a las ciudades la autoridad de exigir una vacunación “cuando fuera necesaria para la salud o seguridad pública”, como la epidemia de viruela que se propagaba por todo el estado en ese momento.

Enseguida, la ciudad de Cambridge reglamentó una ordenanza que exigía que sus residentes se aplicaran la vacuna para la viruela o pagaran una multa de US$5. Henning Jacobson, un pastor, rechazó ambas opciones, al afirmar que la ordenanza violaba su derecho a la libertad contemplado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU. La Corte Suprema expresó su total desacuerdo. Una “sociedad bien ordenada” debe poder hacer cumplir “regulaciones razonables” al responder a “una enfermedad epidémica que amenaza la seguridad de sus miembros”, escribió el juez John Marshall Harlan. Si bien la Constitución protegía contra la tiranía, no le daba “un derecho absoluto a cada persona, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, completamente libre de limitaciones”.

La opinión del juez Harlan prevalecería durante gran parte del siglo XX. En 1915, funcionarios de salud de la ciudad de Nueva York usaron la lógica del caso Jacobson al poner en cuarentena a una cocinera irlandesa cuyos clientes aparecían muertos por fiebre tifoidea. Cuando Mary Mallon, o Mary Tifoidea, se negó a cambiar de profesión, fue exiliada a una isla inhabitada en el río Este de Manhattan, donde pasó sus últimos 23 años de vida. Siete décadas más tarde, Nueva York aislaba por la fuerza a víctimas de tuberculosis que se negaban a recibir tratamiento, siguiendo el caso Jacobson.

Hubo momentos en que es esta lógica se salió de sus cauces. En el caso Buck vs. Bell, un notorio fallo de 1927, la Corte Suprema usó específicamente el caso Jacobson para ratificar la política del estado de Virginia de esterilizar por la fuerza a los “bobos”, al dictaminar que “el principio que sostiene la vacunación obligatoria (también podría) cubrir cortar las trompas de Falopio”. En la mayoría de los casos, sin embargo, el verdadero significado del caso Jacobson se impuso: el estado podía —y debía— ejercitar sus poderes de vigilancia para proteger la salud pública.

En 1905, sólo existía la vacuna contra la viruela para combatir enfermedades infecciosas. Con el tiempo aparecieron otras: una vacuna para el polio en los años 50; vacunas para el sarampión, paperas y rubeola en los años 60. La lista crecía cada año. Guiados por el caso Jacobson, los 50 estados de EE.UU. implementaron leyes que para 1980 ordenaban la vacunación obligatoria de niños en edad escolar para la mayoría de estas enfermedades. Se hicieron excepciones por motivos médicos y ciertas razones no médicas, como convicción religiosa, aunque pocos las usaron en ese entonces.

La gente acataba las reglas porque las vacunas funcionaban. Los nuevos casos de polio desaparecieron en EE.UU. y la viruela fue erradicada en todo el mundo. En un año típico antes de que se otorgara la licencia para la vacuna contra el sarampión en 1962, más de medio millón de niños estadounidenses se contagiaban la enfermedad, 48.000 requerían hospitalización y 450 morían. Treinta y cinco años más tarde, la cantidad de casos anuales de sarampión había caído por debajo de 100.

El renacimiento del movimiento antivacunas en los años 90 tuvo menos que ver con temores sobre las libertades personales que con afirmaciones de que había una conexión entre las vacunas y varias aflicciones, en especial el autismo. No importaba mucho que estudio tras estudio refutara esta ciencia chatarra. Impulsadas por Internet, la radio y otros medios, estas afirmaciones desacreditadas lograron ser creídas tras ser repetidas una y otra vez. Muchos padres ahora no estaban seguros. ¿Por qué vacunar contra enfermedades que rara vez se registraban? ¿Por qué arriesgarse? De un modo extraño, las vacunas habían hecho su trabajo demasiado bien. Habían borrado la evidencia de por qué son siempre necesarias.

Tomando un rumbo contrario al caso Jacobson, los políticos comenzaron a alejarse de la noción de que la protección a la comunidad superaba la elección individual. En la campaña presidencial de 2008, tanto Barack Obama como John McCain se mantuvieron neutrales en relación al temor falso alrededor de la vacunación. Legislaturas estatales aprobaron leyes que permitían exenciones de vacunas por motivos filosóficos, un resquicio legal tan amplio que casi cualquier habitante de los estados de Oregon o Vermont podía elegir no vacunarse a sí mismo o a sus hijos.

Las tasas de vacunación cayeron, en algunas áreas por debajo del nivel de inmunidad de grupo necesaria para controlar enfermedades contagiosas (en general entre 85% y 95%). Estudios muestran que la mayoría de los brotes se producen en estados donde las exenciones son más fáciles de obtener y donde se agrupan los niños no vacunados.

Por ahora, las consecuencias de la resistencia a las vacunas están a la vista. Los políticos han dejado de lado la clase de comentarios sobre elección libre y supuestos peligros de las vacunas que apenas eran polémicos hace sólo unos meses. En todo EE.UU. se están gestando proyectos de ley para endurecer los estándares de vacunación escolar.

Cuánto durará este impulso es la pregunta clave. La vacunación requiere que uno tome un riesgo extremadamente pequeño para asegurar un futuro más seguro para todos los miembros de la comunidad. Negarse, y vivir egoístamente de la inmunidad colectiva de los demás, es tanto peligroso como injusto. La vacunación no busca ser una forma de coerción sino más bien un reconocimiento del bien público, y ese mensaje se está escuchando otra vez.