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18 de agosto de 2016

TELECOM SIGUE VIVA


Telecom sigue existiendo 13 años después de su liquidación

Hace 13 años se ordenó la liquidación de Telecom, y todavía hay dudas en torno a inventarios y avalúos que no se hicieron antes de liquidarla.

El martes 10 de junio de 2003 comenzó el fin de los 56 años de existencia de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom. Ese día, soldados del Ejército desalojaron a los empleados de las instalaciones principales de la empresa y de 13 sedes regionales denominadas teleasociadas.

Nadie comprendía qué estaba pasando hasta cuando, dos días después, el jueves 12 de junio, el gobierno nacional, en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez y la ministra de Comunicaciones, Martha Pinto de De Hart, firmaron el Decreto 1616 que creó la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P.

La nueva empresa comenzó a funcionar con los equipos, infraestructura y muchos de los empleados y directivos de Telecom, amparada en un contrato de explotación que le permitía usufructuar los activos construidos por la Nación desde 1947. ¿Qué pasó para que la empresa llegara a este punto de no retorno y hoy, 13 años después, siga viva y dura de liquidar?

Durante la década de los 80 la empresa había logrado aumentar a 53% la automatización de los servicios, pero los ingresos de los trabajadores –y sobre todo la carga prestacional– crecían en forma exagerada.

Para los 90 ya Telecom tenía unos 15.289 funcionarios. Los críticos argumentaban que con la tercera parte de la planta de personal sería suficiente operar, pero reconocían que frente a los estándares internacionales la empresa era eficiente.

Los trabajadores, por su parte, sentían que trabajaban para una empresa líder en América Latina y argumentaban que no querían que Telecom “sirviera de comodín” para resolver líos de plata del Gobierno y rechazaban la posible venta, promovida por el gobierno de César Gaviria Trujillo como parte de la apertura económica y la modernización del Estado.

Telecom prestaba a comienzos de los 90 el servicio de larga distancia nacional e internacional, mientras el mercado regional era atendido por operadores importantes como ETB en Bogotá o EPM en Medellín, y comenzó a hablarse de la necesidad de acabar con el monopolio de Telecom.

En rechazo a la apertura, en 1992 los trabajadores se van a la huelga y ‘apagan’ las comunicaciones durante siete días y generan un caos monumental en el país. El conflicto laboral se prolongó porque varios dirigentes sindicales fueron asesinados.

En 1994, el Gobierno les permite a empresas públicas regionales como ETB y EPM –hermanas de Telecom– competir en el mercado de larga distancia nacional e internacional. Además, crean los contratos de asociación a riesgo compartido mediante los cuales firmas multinacionales como Alcaltel, por ejemplo, se comprometían a instalar nuevas líneas a cambio de recibir 90% de los ingresos derivados de ellas y Telecom 10%.

En ese momento el mercado de la larga distancia estaba estimado en unos US$1.200 millones, y era cuatro veces más grande que el negocio de la telefonía celular y siete veces más grande que el de la televisión privada.

La apertura era inevitable. En 1994, a Telecom le prohibieron ingresar al mercado de telefonía celular y, en consecuencia, la empresa se fue marchitando durante la década de vigencia de los contratos a riesgo compartido y sus resultados fueron negativos. Los operadores privados de telefonía celular instalaron sus equipos junto a las repetidoras, que eran parte del patrimonio de Telecom.

En 2002 el negocio era insostenible. La empresa tuvo que girar ese año $350.000 millones para unos 16.000 pensionados y el pasivo pensional llegaba a $5,5 billones, pero solo había reservas para una quinta parte de esta deuda. Esto acelera la decisión de intervenirla para su liquidación, proceso que se lleva a cabo a mediados de 2003, cuando se crea Colombia Telecomunicaciones.

En 2004, cuando ya habían concluido los contratos de riesgo compartido, la empresa registraba utilidades, pero en 2005 el gobierno encuentra que no es rentable y que requiere un socio estratégico. Alfonso Gómez Palacio, quien antes había sido presidente de Telecom –hoy es presidente de Telefónica Colombia– aseguró que la compañía tenía pérdidas cercanas a $470.000 millones y un pasivo pensional de $5,6 billones.

En ese momento el multimillonario mexicano Carlos Slim, dueño de la telefónica mexicana Telmex, llegó al país a firmar un memorando de entendimiento porque estaba interesado en ser socio de Colombia Telecomunicaciones, como se llamaba la nueva Telecom después de la liquidación. En ese propósito se atravesó el contralor general de la época, Antonio Hernández Gamarra, quien cuestionó ese proceso y advirtió que se produciría un detrimento patrimonial de US$163 millones, porque cuando se hizo la liquidación no hubo inventario ni avalúo de los bienes de la empresa.

La tormenta pasó, pero en abril de 2006 se realizó una subasta y Telefónica de España se quedó con Telecom y nombró como presidente a Gómez, quien había participado en las últimas etapas de la telefónica estatal.

Desde entonces se desató una batalla jurídica entre Telecom en liquidación, trabajadores y pensionados, que aún no termina, después de 13 años. A través de leyes y resoluciones se han tratado de dirimir las controversias derivadas también de la pretensión de los trabajadores de obtener la nulidad de los decretos de liquidación, pues consideran que se hizo en forma irregular, porque escindieron la masa liquidatoria en dos: bienes afectos al servicio y bienes no afectos al servicio.

Álvaro Molina, presidente de la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones, asegura además que el actual contrato entre Telecom y Telefónica fue modificado en 2012 y extendido hasta 2028, pero nadie sabe con qué se quedará ni qué entregará Telefónica para esa época, pues se continúa sin inventario ni avalúo de los bienes.

Mientras los extrabajadores insisten en reabrir el tema para que se le diga al país qué pasó y cuánto perdió con esta dura liquidación, lo cierto es que el Estado logró desactivar una verdadera ‘bomba de tiempo’ en que se habían convertido los costos laborales y el abultado pasivo pensional de Telecom, una compañía que, a estas alturas, se resiste a morir.


CARÁTULA | 8/18/2016 12:00:00 AM

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